En el marco del período legislativo 2026, el legislador provincial Matías Lapadula, integrante del bloque Provincia Grande, presentó un proyecto de resolución (Asunto N.° 435) mediante el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial un informe pormenorizado sobre las acciones adoptadas para controlar, identificar y eventualmente reclamar los recursos económicos generados por el Puerto de Ushuaia bajo la intervención dispuesta por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) y la Administración General de Puertos (AGP)
La iniciativa cobra impulso luego de que el Juzgado Federal de Ushuaia, a cargo del juez Federico Calvete, declarara admisible una acción de amparo por acceso a la información pública presentada por el Diario del Fin del Mundo, requiriendo a las dependencias nacionales la entrega de balances, comprobantes de transferencias y estados de cuentas bancarias relativos a la facturación del puerto capitalino
Ante este escenario judicial, Lapadula planteó un cuestionamiento de fondo al Ejecutivo fueguino: “¿Puede ocurrir que un medio de comunicación haya debido recurrir a la Justicia para obtener información sobre la administración de recursos de un puerto provincial sin que las propias autoridades provinciales hubieran obtenido previamente esa misma información?”
El documento legislativo solicita al Gobierno Provincial que, a través de la Dirección Provincial de Puertos y la Fiscalía de Estado, detalle si solicitó formalmente rendiciones de cuentas sobre la facturación de la terminal marítima entre el 22 de enero de 2026 y la actualidad
Asimismo, la iniciativa requiere conocer si la Provincia identificó el desvío o transferencia de fondos hacia cuentas centralizadas de la AGP, las diferencias entre las estimaciones provinciales de recaudación y lo efectivamente declarado por Nación, y si existen registros de contrataciones u obras ejecutadas durante este período de gestión federal
"La controversia respecto de su intervención no puede limitarse a determinar quién ejerce actualmente su administración formal. Defender el Puerto significa también defender sus recursos", enfatizó el parlamentario en los fundamentos del escrito
El proyecto de resolución fija un plazo de diez días hábiles para que el Ejecutivo remita las actuaciones, notas e intimaciones cursadas, exigiendo además definir las medidas legales previstas para reclamar la restitución de eventuales fondos provinciales administrados sin sustento jurídico
