El presidente de Siria, Ahmed al-Sharaa, reprendió a sus funcionarios por su ostentación de lujo durante una reunión en Idlib, donde varios llegaron en camionetas de alta gama. “¿Se olvidaron que son hijos de la revolución?”, les dijo, antes de ordenar que entregaran las llaves de sus vehículos o serían investigados por enriquecimiento ilícito, según testigos citados por Reuters.
Sharaa, excomandante rebelde que derrocó a Bashar al-Asad hace diez meses, enfrenta el desafío de transformar su movimiento insurgente en un gobierno civil sin repetir la corrupción del viejo régimen. Su legitimidad, tanto dentro del país como en el exterior, depende de lograrlo.
En las últimas semanas, el mandatario también tomó medidas contra su propio hermano Jamal, acusado de usar su vínculo familiar para hacer negocios y reunirse con empresarios. El presidente ordenó cerrar su oficina en Damasco y prohibió a las entidades estatales tratar con él. Jamal negó tener actividades comerciales y calificó las acusaciones como “puras invenciones”.
A pesar de la retórica anticorrupción, la práctica sigue extendida. Empresarios locales denunciaron pagos ilegales para liberar detenidos o recuperar bienes confiscados tras la caída del régimen anterior. El Ministerio de Información asegura que esos casos son aislados y que los sospechosos están siendo investigados.
El gobierno intenta centralizar los bienes recuperados en un nuevo fondo estatal, aunque incluso ese proceso ya enfrenta denuncias por irregularidades. Analistas coinciden en que Sharaa necesita demostrar que puede controlar a sus aliados y familiares si quiere consolidar su poder y mantener la confianza de la población.
Denuncias de corrupción persistente
Según un asistente, la advertencia que Sharaa dirigió a los leales en agosto se produjo tras las quejas expresadas por ciudadanos sirios comunes en una reunión con el presidente a principios de ese mes sobre el nuevo lujo del que gozaban algunos exrebeldes que ahora ocupaban cargos públicos. Desde entonces, Sharaa ha reiterado públicamente en Damasco su mensaje anticorrupción.
En un vídeo difundido por los medios estatales el 13 de octubre, les dijo a los funcionarios que debían revelar sus inversiones existentes y les prohibió participar en nuevos proyectos privados. También les advirtió que debían evitar las relaciones personales con empresarios y que no repitieran el modelo visto durante el régimen de Asad.
No obstante, la corrupción persiste en la Siria posterior a Asad, incluyendo el pago de sobornos para salir de la cárcel o recuperar casas, vehículos y otros bienes de valor confiscados por miembros del nuevo orden gobernante, según entrevistas con nueve figuras empresariales sirias y funcionarios actuales y anteriores.
Un industrial y dos altos directivos de fábricas, que solicitaron el anonimato para hablar con libertad, afirmaron haberse visto obligados a pagar en efectivo a intermediarios con buenas conexiones, sin recibo ni documentación formal, para mantener sus negocios en funcionamiento o asegurar la liberación de empleados detenidos por supuestos vínculos pasados con el régimen de Asad.
Uno dijo que pagó 100.000 dólares por la liberación de un trabajador, solo para que le dijeran que tendría que desembolsar otros 100.000 dólares si quería que se le permitiera al empleado reanudar su trabajo.Otro dijo que pagó 25.000 dólares para conseguir el despido de un empleado.
El Ministerio de Información afirmó que tales prácticas no estaban generalizadas y que algunas personas sospechosas de recibir sobornos a cambio de liberar a detenidos o realizar otros trámites oficiales habían sido remitidas a una "investigación inmediata".
Según los entrevistados, una de las principales preocupaciones del sector empresarial sirio es la opacidad de los acuerdos de conciliación que funcionarios gubernamentales firman con personas acusadas de tener vínculos con Asad. Estos acuerdos, en los que los empresarios entregan sus bienes a cambio de poder regresar a trabajar en Siria, comenzaron a gestarse inmediatamente después de la caída de Damasco.
