El diputado nacional por Tierra del Fuego, Miguel Rodríguez, se refirió a la intervención del Puerto de Ushuaia dispuesta por el Gobierno Nacional y sostuvo que la medida debe analizarse desde el marco legal vigente y no como un ataque a la autonomía provincial.
En declaraciones a Radio Provincia Ushuaia, Rodríguez explicó que la administración de los puertos se rige por la Ley Nacional N° 24.093 y su decreto reglamentario 779, que establece que los fondos generados por la actividad portuaria no pueden destinarse a otros fines que no sean el propio puerto. En ese sentido, recordó que el conflicto se originó luego de que la Dirección Provincial de Puertos transfiriera cerca de 4.000 millones de pesos al Gobierno provincial para financiar la obra social estatal, en carácter de préstamo que debía ser devuelto con intereses.
Según indicó el legislador, esa operatoria motivó denuncias internas del personal del puerto, lo que derivó en un pedido de informes por parte de la autoridad portuaria nacional y en una inspección que habría detectado “serias falencias estructurales, operativas y administrativas” en la terminal marítima.
“ANPYN (Agencia Nacional de Puertos y Navegación)es la autoridad portuaria nacional y tiene facultades para sancionar, aplicar correctivos e incluso intervenir la administración de un puerto, como ocurrió en este caso con Ushuaia”, sostuvo Rodríguez, al tiempo que consideró que, desde lo técnico, la decisión “parece estar avalada por los informes presentados”.
No obstante, el diputado planteó dudas sobre algunos aspectos del procedimiento, como la falta de precisiones sobre quién será la cara visible de la intervención y por qué solo se permitió el ingreso a un grupo reducido de trabajadores, representados gremialmente por quien realizó la denuncia. “Son cuestiones que el Gobierno Nacional debería aclarar”, señaló.
Rodríguez también remarcó la importancia estratégica del Puerto de Ushuaia, al recordar que registra más de 500 recaladas por temporada y es el segundo puerto más importante del país. En ese marco, afirmó que la intervención debe servir para garantizar la operatividad plena de la terminal en una temporada clave para la actividad turística y logística.
En relación a los cuestionamientos políticos que hablan de un avasallamiento a la autonomía provincial, el diputado fue contundente: “No lo tenemos que tomar como un ataque a la provincia. La corrupción no tiene jerarquía”. Incluso citó declaraciones del titular de la autoridad portuaria nacional, quien mencionó supuestos desvíos por más de 6.000 millones de pesos.
“El recurso de todos los fueguinos no puede usarse para tapar agujeros negros de una mala administración. La obra social sigue prácticamente quebrada y la administración pública provincial hace agua en salud y educación”, afirmó.
Finalmente, Rodríguez indicó que realizará un seguimiento del proceso desde el Congreso y que mantendrá reuniones en Buenos Aires la próxima semana. Explicó que la intervención es administrativa por un plazo de 12 meses, con posibilidad de prórroga, y que si las falencias detectadas se subsanan, la administración podría volver a manos provinciales.
“Más allá de si administra la Nación o la Provincia, a la gente le interesa que los recursos sean transparentes y no se malutilicen”, concluyó.
