La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, continúa en el cargo pese a haber superado el plazo máximo de 90 días fijado por el Tribunal Supremo tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos a comienzos de 2026.
Según lo dispuesto por la justicia venezolana, la ausencia de Maduro fue considerada “forzada”, lo que le impide ejercer sus funciones pero sin perder formalmente su condición de jefe de Estado. En ese marco, Rodríguez —quien se desempeñaba como vicepresidenta— asumió de manera interina.
Sin embargo, el plazo constitucional para cubrir ausencias temporales ya fue superado, y hasta el momento la Asamblea Nacional no ha avanzado en una votación pública que permita extender el mandato interino o definir un nuevo escenario institucional.
De acuerdo con la Constitución, estas ausencias pueden ser cubiertas por el vicepresidente por un período de hasta 90 días, prorrogables por otros 90 con aprobación legislativa. En caso de considerarse una falta absoluta, el Parlamento podría convocar a elecciones anticipadas.
El escenario actual genera incertidumbre política y jurídica en el país, especialmente ante la falta de definiciones oficiales sobre la continuidad del mandato de Rodríguez o la eventual convocatoria a comicios.
Analistas advierten que el oficialismo ha recurrido en otras ocasiones a interpretaciones legales para sostener su permanencia en el poder, lo que vuelve a poner en debate la institucionalidad del sistema político venezolano.
Mientras tanto, el gobierno no ha emitido declaraciones oficiales sobre los próximos pasos, en un contexto marcado por tensiones internas y presión internacional para avanzar hacia una salida electoral.
