Con participación ciudadana, la Comisión de Defensa del Consumidor de la Cámara de Diputados recibió a especialistas que advirtieron sobre el fuerte crecimiento del sobreendeudamiento en Argentina y la necesidad de avanzar en herramientas legales para proteger a usuarios de tarjetas de crédito, préstamos personales y billeteras virtuales.
Durante el encuentro, se analizaron cerca de 18 proyectos vinculados a la problemática, con foco en la prevención, asistencia y rehabilitación de consumidores en situación crítica.
La socióloga Lucía Cavallero señaló que las familias argentinas acumulan una deuda de “39 billones”, en un contexto de creciente morosidad. “El endeudamiento no es circunstancial, sino que se destina a cubrir gastos básicos para subsistir”, afirmó, y planteó que cualquier esquema de reestructuración debe evitar que los hogares queden por debajo de la línea de pobreza.
Por su parte, el defensor adjunto del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Arturo Pozzali, advirtió sobre un aumento sostenido de reclamos de personas que no logran cumplir con sus obligaciones financieras, y cuestionó las dificultades de comunicación con plataformas digitales en comparación con los bancos tradicionales.
Desde Rosario, Ariadna Ciammarriello sostuvo que crecieron tanto las solicitudes de refinanciación de deudas como las denuncias por estafas virtuales. Además, criticó la “expansión agresiva” del crédito y la falta de evaluación de la capacidad de pago de los usuarios.
En la misma línea, el titular de DEUCO, Pedro Bussetti, denunció tasas de interés que alcanzan entre el 500% y el 600%, lo que —según afirmó— está llevando a muchas familias a una situación límite sin herramientas efectivas de salida. Propuso avanzar en mecanismos legales que permitan renegociar deudas de manera similar a como lo hacen las empresas.
A su turno, la economista Alejandra Fernández Scarano presentó datos sobre el aumento de la morosidad en tarjetas, préstamos y billeteras virtuales, y explicó que a mayor riesgo crediticio, mayores son las tasas aplicadas.
También expuso Gabriel Martínez Medrano, quien planteó la necesidad de implementar un “régimen de segunda oportunidad”, similar al modelo español, y advirtió que en Argentina no existe un sistema ágil y accesible para que personas no comerciantes puedan reestructurar sus deudas.
Finalmente, desde la Unión de Usuarios y Consumidores, Claudio Boada consideró que el problema de fondo excede el endeudamiento: “La solución es recuperar el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones”, sostuvo.
Al inicio de la jornada, además, se completaron cargos en la comisión: el diputado Marcelo Barbur fue designado vicepresidente segundo, mientras que Rosario Goitia y Sergio Casas asumieron como secretarios.
