El debate por la reforma parcial de la Constitución de Tierra del Fuego sumó este lunes un nuevo capítulo de alta tensión institucional, luego de que el bloque legislativo Somos Fueguinos defendiera la derogación de la Ley 1529, en abierta contradicción con la postura del Gobierno provincial.
El ministro jefe de Gabinete, Jorge Canals, había calificado la decisión de la Legislatura como “inconstitucional” y aseguró que no puede frenar un proceso que, según sostuvo, “ya está en marcha”. En esa línea, adelantó que el Poder Ejecutivo vetará la norma y ratificó la convocatoria a elecciones de convencionales constituyentes previstas para el 9 de agosto.
Sin embargo, desde el bloque Somos Fueguinos (SF) rechazaron esa interpretación y defendieron la validez de la derogación. A través de un comunicado, afirmaron que la Legislatura actuó dentro de sus facultades y que la ley que habilitaba la reforma podía ser dejada sin efecto al no haberse concretado el proceso constituyente.
El bloque legislativo argumentó que la Legislatura ejerció una función “preconstituyente”, y no constituyente, por lo que conserva la potestad de revertir su decisión. En ese sentido, citaron el fallo “Schiffrin” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para respaldar su postura.
Además, remarcaron que no hubo elección de convencionales ni conformación de una Convención Reformadora, por lo que el proceso nunca se concretó. También señalaron que el decreto de convocatoria del Ejecutivo aún no había entrado en vigencia al momento de la derogación, por lo que —según indicaron— no existía jurídicamente un proceso en curso.
Posible judicialización
El conflicto abre la puerta a un escenario de judicialización, aunque desde el Gobierno provincial señalaron que esperan evitar esa instancia. No obstante, la disputa entre ambos poderes deja en evidencia un choque de interpretaciones constitucionales que podría terminar siendo resuelto en tribunales.
Mientras tanto, el Ejecutivo mantiene firme su intención de avanzar con la reforma, argumentando la necesidad de actualizar la Constitución provincial en aspectos clave, como la limitación de mandatos, la eliminación de cargos vitalicios y la definición de límites territoriales.
Del otro lado, el bloque Somos Fueguinos insiste en que “no hay reforma sin ley” y que, tras la derogación, el proceso carece de sustento jurídico.
