Haití intenta avanzar hacia sus primeras elecciones generales en más de una década, en medio de una profunda crisis institucional y de seguridad que mantiene a amplias zonas del país bajo el control de grupos armados.
Japón y la Organización de los Estados Americanos (OEA) firmaron un acuerdo por US$3 millones destinado a fortalecer el registro electoral haitiano, uno de los pasos necesarios para intentar concretar los comicios previstos para finales de este año.
Los fondos serán utilizados para actualizar los padrones y adquirir 350.000 tarjetas de identificación en blanco, además de reforzar la capacidad de las oficinas encargadas de documentar a la población.
El desafío es especialmente complejo debido al desplazamiento interno provocado por la violencia. Alrededor de 1,5 millones de personas tuvieron que abandonar sus hogares, muchas de ellas sin poder llevar consigo documentos de identidad después de escapar de ataques armados.
La asistencia también permitirá ampliar los servicios de identificación en comunidades rurales, reducir la cantidad de trámites pendientes y mejorar el acceso a electricidad e internet en oficinas descentralizadas.
El proceso de registro de votantes comenzó el mes pasado en Puerto Príncipe, pese a que se estima que alrededor del 70% de la capital haitiana se encuentra actualmente bajo control de pandillas.
La primera vuelta de las elecciones está prevista para el 13 de diciembre, aunque la persistencia de la violencia genera dudas sobre la posibilidad de cumplir con el calendario.
Haití atraviesa desde hace años una prolongada crisis política. El país no tiene un presidente electo desde el asesinato de Jovenel Moïse, ocurrido en julio de 2021 dentro de su residencia privada.
Moïse había llegado a la Presidencia después de las elecciones celebradas en noviembre de 2016. Desde entonces, la inestabilidad política, el debilitamiento de las instituciones y el avance de las organizaciones criminales fueron profundizando una crisis que mantiene al país sin autoridades nacionales elegidas en las urnas.
La organización de las elecciones aparece ahora como un paso clave para intentar recuperar la institucionalidad democrática, aunque su realización dependerá en gran medida de las condiciones de seguridad que puedan garantizarse durante los próximos meses.
