El accidente ferroviario ocurrido este miércoles en la provincia de Toledo, en el centro de España, se convertió en una de las mayores tragedias ferroviarias del país en décadas. El último balance oficial eleva a 69 el número de fallecidos, mientras la Guardia Civil recibió 64 denuncias por desaparición presentadas por familiares y allegados de posibles víctimas.
Los equipos forenses, con la participación de hasta 25 médicos, trabajan en la identificación de los cuerpos, mientras se recogen muestras de ADN en puntos habilitados en Madrid, Sevilla, Córdoba y Toledo. Las autoridades han alertado sobre el envío de mensajes SMS falsos que anuncian identificaciones inexistentes.
En el plano sanitario, 53 heridos permanecen ingresados en hospitales de Castilla-La Mancha, 15 de ellos en estado grave. Del total de 110 personas que fueron hospitalizadas tras el siniestro, 60 ya recibieron el alta médica. Entre las víctimas hay al menos un ciudadano argentino fallecido y 41 extranjeros afectados de distintas nacionalidades, según confirmaron fuentes oficiales.
La cadena de fallos que desencadenó la tragedia
La investigación se centra en un fallo en cadena que, según el Gobierno, hizo posible una colisión por alcance que los expertos califican de "inverosímil" en una línea de alta velocidad. Sobre las 8:30 de la mañana, el sistema de seguridad LZB —instalado en la línea Madrid-Sevilla— sufrió una avería informática que provocó la parada automática de todos los trenes en un tramo de más de 60 kilómetros.
Con el sistema caído, el control de la circulación pasó al Centro de Control de Adif en Atocha. Según la reconstrucción difundida por el ministro de Transportes, Óscar Puente, pocos minutos después, alrededor de las 8:36, ese centro ordenó al AVE de Renfe reanudar la marcha "con normalidad", a pesar de que el tren de Iryo seguía detenido en la misma vía y de que existía una señal roja que impedía el avance. El AVE recorrió unos 25 kilómetros en 17 minutos antes de embestir por detrás al convoy de Iryo.
El protocolo ferroviario establece que, en una situación así, el tren debía circular "a la vista", con un máximo de 40 kilómetros por hora, lo que habría dado al maquinista margen para frenar. En cambio, la orden fue de "marcha normal". Puente calificó la decisión como "inexplicable" y apuntó a una "equivocada aplicación de los protocolos" por parte de un operario de Adif. La compañía Iryo, por su parte, desmintió al ministro y aseguró que su tren no reanudó la marcha porque aún esperaba instrucciones del centro de control.
El AVE siniestrado, que cubría el trayecto Madrid-Sevilla, transportaba a 378 pasajeros. El tren de Iryo, que había partido de Atocha a las 7:54, llevaba a 147 viajeros y cinco tripulantes.
Crisis política y huelga de maquinistas
La tragedia ha desatado una fuerte crisis política. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconoció que "no es asumible para un país como España sufrir dos accidentes ferroviarios de alta velocidad en un mismo año" y anticipó que habrá dimisiones.
Sus socios parlamentarios, como el PNV, exigieron "responsabilidades políticas máximas", que incluyen "el cese o la dimisión" del ministro Puente. El Partido Popular sostuvo que la responsabilidad "trasciende" al ministro y apunta directamente a Sánchez.
Vox presentó una querella ante el Tribunal Supremo contra Puente por presuntos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave.
En paralelo, el sindicato de maquinistas Semaf mantuvo la huelga de 24 horas convocada para este jueves, en demanda de mejoras estructurales de seguridad y del cumplimiento de los compromisos adquiridos. La medida, que se inició a las 00:01 y se extenderá hasta las 23:59, coincide con las restricciones y la interrupción del servicio provocadas por el accidente, generando un caos ferroviario en la red.
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