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Un informe detectó 92 mil toneladas de merluza tiradas al mar, el equivalente a alimentar a todo el país durante 9 días

El informe del INIDEP reveló que la flota industrial desechó 92.336 toneladas de merluza, el equivalente a más de 3.300 camiones.
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Un profundo alerta ambiental se encendió tras la difusión de los últimos datos oficiales del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP). El organismo científico advirtió que el descarte de merluza común trepó a 92.336 toneladas. Esta cifra representa peces muertos, entre juveniles y adultos, que son arrojados inútilmente por la borda tras quedar atrapados en las redes de arrastre de la industria pesquera.

Para dimensionar la magnitud del derroche, los números del informe traducidos a alimento indican que semejante cantidad de pescado alcanzaría para garantizarle una porción diaria a cada uno de los 46 millones de habitantes de la Argentina durante casi nueve días seguidos.

El impacto logístico resulta igual de abrumador. Mover esa masa de merluza descartada exigiría una flota de 3.333 camiones semirremolque trabajando a su capacidad máxima. Si se estacionaran uno detrás del otro sobre la Ruta Nacional 3, formarían una hilera ininterrumpida de casi setenta kilómetros.

El documento agrava la preocupación sobre el estado biológico de la especie. Los investigadores del INIDEP advierten una evidente sobreexplotación en el sector norte del Mar Argentino, donde la biomasa reproductiva permanece por debajo del límite seguro de 150 mil toneladas. Esta zona atraviesa un colapso histórico marcado por una disminución del 82 por ciento en las capturas declaradas durante las últimas tres décadas.

Mientras el norte sufre las consecuencias del exceso extractivo, el escenario en la zona sur expone una dinámica de derroche. El descarte dentro de la pesquería merlucera sureña aumentó un 12,7 por ciento en el último período evaluado, profundizando un modelo que prioriza la rentabilidad inmediata por encima del cuidado de un recurso alimentario de primer orden.

El modelo chileno contra la impunidad

Frente a la falta de controles locales, la experiencia de Chile ofrece una hoja de ruta. La legislación del país vecino obliga a las naves pesqueras industriales y artesanales mayores a quince metros a grabar de forma continua sus faenas. Cada vez que la red toca el agua, un sistema de cámaras documenta la actividad a bordo para que el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura supervise las imágenes y detecte las infracciones.

Esta herramienta permitió aplicar multas millonarias. El caso más emblemático involucró al buque factoría Unzen, controlado por una multinacional japonesa. Mediante la revisión de los videos obligatorios, las autoridades comprobaron que la nave desviaba miles de kilos de merluza hacia la cinta de descarte y la planta de harina de pescado. El hallazgo derivó en una sanción superior a los 300 mil dólares.

A lo largo de los últimos cinco años, el organismo de control chileno recaudó más de un millón de dólares en multas por descarte ilegal. Además, los fallos de la Corte Suprema de ese país sentaron jurisprudencia para rechazar los argumentos de las empresas que pretendían justificar la matanza de peces apelando a daños en los ejemplares o cuestiones de tamaño y valor de mercado.

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