El Gobierno de Tierra del Fuego, a través del Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia, manifestó su rechazo a la media sanción del proyecto que propone reducir la edad de imputabilidad y sostuvo que la medida representa un retroceso en materia de derechos humanos.
El secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Mariano Ponce, afirmó que la propuesta “se aparta del paradigma de protección integral consagrado en nuestra legislación y de los compromisos asumidos por el Estado argentino en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño, que tiene jerarquía constitucional”.
En ese sentido, el funcionario remarcó que “la protección integral no puede ceder ante la lógica del castigo anticipado” y consideró que la reducción de la edad de imputabilidad “no constituye una respuesta eficaz en términos de seguridad pública ni aborda las causas estructurales que atraviesan las trayectorias de vulneración de niñas, niños y adolescentes”.
Desde la cartera provincial señalaron que la iniciativa desplaza el eje de la responsabilidad estatal desde la garantía y restitución de derechos hacia una respuesta predominantemente punitiva, debilitando los dispositivos de cuidado, prevención y acompañamiento territorial. Según expresaron, el enfoque debería centrarse en políticas públicas integrales que atiendan las problemáticas sociales de fondo.
Ponce sostuvo además que las infancias y adolescencias requieren intervenciones sostenidas e intersectoriales, y advirtió que penalizar de manera anticipada puede afectar procesos de desarrollo subjetivo, educativo y comunitario, además de profundizar desigualdades.
“Frente a problemáticas complejas no pueden imponerse soluciones simplificadoras basadas en el endurecimiento del sistema penal. Resulta imprescindible fortalecer el primer nivel de cuidado, ampliar los dispositivos de acompañamiento y garantizar acceso efectivo a educación, salud mental, espacios comunitarios y oportunidades reales de inclusión”, concluyó el Secretario.
La postura del Ejecutivo fueguino se suma así al debate nacional en torno a la reforma del régimen penal juvenil, que ahora deberá continuar su tratamiento legislativo.
