En un contexto de alta sensibilidad inflacionaria, el Gobierno Nacional, a través del ENARGAS, formalizó un nuevo esquema de costos que impactará directamente en las facturas de gas a partir del 1 de mayo. Bajo el argumento de la "emergencia energética" y la necesidad de adaptar el sistema a la falta de gas boliviano, la Resolución 409/2026 establece las pautas económicas que regirán el transporte del fluido en todo el país.
El ajuste responde principalmente a la reconfiguración de las rutas de transporte. Debido a que el gas ahora debe viajar desde el sur y Vaca Muerta hacia el norte (invirtiendo el flujo histórico), los costos operativos se han disparado. El ente regulador determinó que estos nuevos costos sean trasladados a los cuadros tarifarios provisorios, afectando tanto a usuarios residenciales como a pequeñas y medianas empresas.
Si bien la normativa intenta suavizar el impacto mediante un esquema de 31 aumentos mensuales consecutivos (derivado de la Revisión Quinquenal de Tarifas), la actualización de mayo se suma a los incrementos en otros servicios públicos. Además, la resolución impone a las distribuidoras la obligación de contratar transporte por plazos de 10 años, una medida que busca dar previsibilidad al sistema pero que asegura una presión constante sobre la estructura de costos del servicio básico.
