La ministra de Energía de Tierra del Fuego, Gabriela Castillo, defendió el veto del Gobierno provincial al proyecto legislativo que buscaba prohibir los cortes por mora en los servicios de agua, gas y electricidad, además de retrotraer las tarifas a valores de diciembre del año pasado.
La funcionaria aseguró que la iniciativa era “inviable” tanto desde el punto de vista financiero como legal y advirtió que su aplicación habría puesto en riesgo la continuidad de los servicios públicos en toda la provincia.
“La factura que paga el vecino, el 60% está establecida por Nación que fija el precio de la energía, y si la Provincia congelara sus tarifas, no tendría el dinero suficiente para pagarle a la Nación”, afirmó Castillo.
En ese sentido, explicó que una medida de ese tipo habría provocado un fuerte desfinanciamiento tanto en la Dirección Provincial de Energía (DPE) como en la Cooperativa Eléctrica de Río Grande, generando acumulación de deudas y posibles sanciones.
Respecto al servicio de gas natural, la ministra remarcó que las tarifas tampoco son definidas por el Ejecutivo provincial sino por la Secretaría de Energía de la Nación. “La tarifa del gas no la define la Provincia”, sostuvo, y consideró que retrotraer los valores hubiera derivado además en conflictos legales con el Gobierno nacional.
Castillo también cuestionó el alcance del proyecto por considerar que otorgaba beneficios de manera generalizada sin diferenciar situaciones económicas. “No es correcto subsidiar y evitar cortes a personas con alto poder adquisitivo al mismo tiempo que a familias vulnerables”, expresó.
Además, señaló que la iniciativa tampoco contemplaba a pequeños comerciantes y kioscos barriales, que —según indicó— quedaban excluidos de la normativa.
En relación al servicio de agua potable, la funcionaria aseguró que actualmente no se realizan cortes y recordó que ya existen herramientas de asistencia social y planes de regularización de deuda. “A nadie se le corta el agua y hay tarifa subsidiada para casos sociales”, afirmó.
Finalmente, Castillo ratificó que el Gobierno fueguino continuará sosteniendo mecanismos de ayuda focalizada para usuarios con dificultades económicas y recordó que las oficinas de la DPE y de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS) continúan atendiendo situaciones particulares de refinanciación y adecuación de pagos.
