El Gobierno nacional iniciará en agosto una nueva etapa de su estrategia para incentivar el ingreso de divisas al sistema financiero con el envío al Congreso del proyecto de Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa que, según adelantó el ministro de Economía, Luis Caputo, busca otorgar mayor seguridad jurídica a quienes decidan declarar fondos que hoy permanecen fuera del circuito formal.
El anuncio fue realizado por el propio ministro durante una conferencia de prensa, donde defendió la necesidad de movilizar los denominados "dólares del colchón" y sostuvo que mantener ahorros en efectivo representa una pérdida de valor. "Para las personas, tener los dólares debajo del colchón es un muy mal negocio. Los dólares pierden valor porque en Estados Unidos también hay inflación", afirmó Caputo.
La iniciativa será uno de los primeros proyectos que el oficialismo buscará discutir cuando el Congreso retome la actividad tras el receso invernal. En la Cámara de Diputados, La Libertad Avanza deberá volver a negociar con el PRO, la UCR, Innovación Federal y otros bloques provinciales para reunir los votos necesarios, tal como ocurrió con el Régimen de Regularización de Activos aprobado en 2024.
Con 95 diputados propios, el oficialismo necesita construir una mayoría con los bloques dialoguistas para alcanzar el quórum y aprobar una norma que considera central para profundizar el proceso de remonetización de la economía.
El anuncio del proyecto también reactivó las discusiones sobre la situación patrimonial del propio titular del Palacio de Hacienda.
Según su última declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción, Caputo informó un patrimonio superior a los 11.800 millones de pesos, del cual 5.937 millones corresponden a depósitos bancarios en el exterior. Además, declaró acciones valuadas en 1.870 millones de pesos en la firma Ancora Investments.
La declaración jurada no especifica el país donde se encuentran esas cuentas ni la moneda en la que están denominados esos activos.
Desde el Gobierno no consideran que exista contradicción entre esos bienes y la propuesta oficial, ya que el proyecto apunta a incentivar la incorporación al sistema financiero de fondos mantenidos fuera del circuito formal, mientras que los activos declarados por el ministro se encuentran registrados dentro del sistema bancario y forman parte de su patrimonio informado ante los organismos de control.
Más allá del debate que genera la situación patrimonial de Caputo, el principal desafío del Gobierno será político. La aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal dependerá de la capacidad de La Libertad Avanza para reconstruir la mayoría legislativa que acompañó las reformas económicas durante el primer tramo de la gestión de Javier Milei.
El resultado de esas negociaciones definirá si el oficialismo logra convertir en ley una herramienta que considera clave para ampliar el uso de dólares dentro de la economía formal y sostener su estrategia de estabilización económica, al menos en el discurso oficialista.
