El Gobierno de Tierra del Fuego volvió a redoblar su apuesta por la reforma constitucional, pese al fallo judicial y al rechazo por mayoría de la Legislatura Provincial. Ahora, presentó una apelación contra el fallo del Juzgado Electoral Provincial que anuló la convocatoria a elecciones de convencionales constituyentes prevista para el próximo 9 de agosto.
La decisión judicial, dictada por la jueza Mariel Zanini, dejó sin efecto el Decreto Provincial N.º 751/26, que había puesto en marcha el proceso electoral impulsado por el Ejecutivo para avanzar con una modificación de la Carta Magna fueguina. Lejos de aceptar el revés judicial, la gestión de Gustavo Melella decidió recurrir la resolución y solicitar una revisión urgente del caso.
Desde el Gobierno sostienen que el fallo carece de fundamentos jurídicos suficientes y genera un escenario de incertidumbre institucional al frenar una instancia que, según remarcan, busca que sea la ciudadanía quien decida sobre una eventual reforma constitucional.
Uno de los principales argumentos de la apelación es que la jueza habría basado su decisión en la existencia de una queja presentada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pese a que ese recurso no tiene efectos suspensivos sobre el proceso en curso.
Además, el Ejecutivo recuerda que el Superior Tribunal de Justicia ya se había pronunciado sobre la cuestión al declarar válida la Ley Provincial N.º 1529, levantar la medida cautelar que suspendía el proceso y ordenar una nueva convocatoria electoral.
En su presentación, el Gobierno también cuestiona que una resolución de una instancia inferior termine revisando los efectos de una sentencia del máximo tribunal provincial. Según plantea, esto implica una afectación al sistema de jerarquías judiciales y al principio republicano de gobierno.
La apelación advierte además sobre las consecuencias políticas e institucionales que podría tener la paralización del proceso. Para el Ejecutivo, aceptar que una presentación ante la Corte Suprema pueda frenar automáticamente decisiones provinciales firmes pondría en riesgo la seguridad jurídica y la estabilidad de futuros procesos institucionales.
