El Gobierno decidió este lunes intervenir el Instituto Superior de Formación Docente (IPES) “Florentino Ameghino” de Ushuaia, luego de detectar serias irregularidades detectadas en la asignación de cargos y horas catedra.
Según se informó oficialmente, las irregularidades fueron detectadas por el Sistema SIGE, fue implementado por el Ministerio de Educación con el objetivo de informatizar y dotar de mejores controles y mayor transparencia a las horas que paga la Provincia con recursos públicos, siempre y cuando se avale con un instrumento legal las horas.
En la actualidad, el IPES de Ushuaia capacita a 514 alumnos, contra 636 alumnos de Río Grande. Sin embargo, utiliza 223 legajos docentes para realizar la tarea, mientras que el IPES de Río Grande utiliza sólo 196 legajos. Mientras en Río Grande se requieren $4.6 millones en concepto de pago de salarios, en Ushuaia se destina el doble: $7.2 millones.
A partir de allí se suspendió provisoriamente en sus funciones administrativas al Rector del IPES “Florentino Ameghino” Jorge Ariel Enciso y a la Vicerrectora Marcela Silvia Canales.
La Resolución 677 del Ministerio de Educación dispone “instruir sumario administrativo con el objeto de precisar todas las circunstancias y reunir elementos de prueba tendientes a esclarecer la comisión de irregularidades y proponer sanciones si correspondieren (...)” con relación a “la presunta irregularidad referida a la continuidad de la designación de docentes en horas cátedra cuatrimestrales, habiendo finalizado el cuatrimestre correspondiente a su designación(..)”; “la presunta irregularidad vinculada a las denominadas ‘horas institucionales’ que se estarían asignando en forma directa sin acto administrativo que las avale (..)” y “al presunto incumplimiento de ajustar la carga horaria de diferentes docentes del IPES a las disposiciones de la Ley Provincial 761 (..)” entre otras causales.
En el marco de la instrucción del sumario, el Gobierno conformará un cuerpo de auditores a fin de realizar un relevamiento y elaborar un dictamen general administrativo-contable. Esto auditores serán agentes de la administración pública.
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