Los diputados nacionales de Unión por la Patria Julia Strada, Germán Martínez y Paula Penacca presentaron este viernes una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por presuntas irregularidades que, según señalaron, distorsionaron el funcionamiento del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
La presentación judicial responde a la decisión de no aplicar el nuevo índice de precios al consumidor (IPC), que —según la oposición— ya estaba listo para implementarse a partir de enero y que incluso había sido anunciado oficialmente por el gobierno libertario. Sin embargo, eso no sucedió,
La denuncia apunta violación de los deberes de funcionario público (art. 248 del Código Penal), violación de secretos y deberes de confidencialidad (art. 157), falsificación de documentos públicos (art. 293) y por presunta violación del secreto estadístico contemplado en el artículo 17 de la Ley 17.622.
En X (ExTwitter), Strada sostuvo que “Caputo incurrió en irregularidades varias” y afirmó que el ministro ordenó mantener el cálculo del IPC basado en componentes desactualizados. Según explicó, en octubre de 2025 el INDEC había resuelto aplicar una nueva metodología desde enero de 2026, pero la decisión ministerial habría postergado su implementación.
La diputada argumentó que esa determinación buscaría demorar el impacto del nuevo índice hasta tanto finalice el proceso de recomposición tarifaria, lo que —a su entender— tendría efectos directos sobre la variación de precios al consumidor. Para la economista, se trata de una conducta que “demuestra abuso de autoridad”.
Además, advirtió que la supuesta manipulación del instrumento estadístico podría generar “graves consecuencias sociales, económicas y políticas”, ya que el IPC incide en la fórmula de actualización de jubilaciones, pensiones y asignaciones, así como en las negociaciones paritarias del sector público y privado.
Strada también señaló que el ministro publicó en su cuenta de X un mensaje en el que reconoció diferencias en los resultados del IPC según la metodología aplicada e incluso habría adelantado el dato correspondiente a enero de 2026 antes de su difusión oficial. A su criterio, esa conducta configuraría una violación del secreto estadístico previsto en la Ley 17.622.
