El Gobierno oficializó hoy el pago de un bono de $70.000 para los jubilados y pensionados que cobran la mínima, que en noviembre se sumará al haber de $444.158,46 y elevará el ingreso total a $514.158,46.
El decreto 1296/2026, publicado en el Boletín Oficial, repite un mecanismo que ya lleva más de dos años y medio sin cambios: el monto del refuerzo no se actualiza desde diciembre de 2023.
La cifra, sin embargo, es solo la punta del iceberg. Si el bono hubiera acompañado la misma evolución que el resto de los haberes previsionales, hoy debería ser de $223.148. Es decir, el refuerzo perdió el 70% de su poder de compra desde que fue congelado. La diferencia en perjuicio de los jubilados de la mínima es de $153.148 por mes, solo en septiembre. Un monto que, además, no integra el haber y no computa para el aguinaldo.
El deterioro se ve con claridad en el peso relativo del bono dentro del ingreso de quien cobra la mínima. En marzo de 2024, cuando se estableció en $70.000, el refuerzo representaba el 52% del haber mínimo. Para agosto de este año, esa proporción había caído al 16%. La tendencia es decreciente y, si el congelamiento continúa, el bono terminará siendo "un porcentaje insignificante sobre el valor total".
La "licuadora" que no perdona
El impacto no es solo nominal. En términos reales, las jubilaciones mínimas con bono acumulan una caída del 9,5% frente a noviembre de 2023, el último mes completo de la gestión anterior. La inflación acumulada entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 fue del 355,2%, y si el bono hubiera seguido ese ritmo, hoy debería ubicarse en torno a los $318.640. Otras estimaciones, que comparan el refuerzo con la evolución del haber mínimo, lo sitúan en $218.558 en agosto pasado.
La proyección oficial no es mejor. Según el proyecto de Presupuesto 2027, si se cumplen las pautas macroeconómicas, el bono acumulará 46 meses sin ajustes y, para diciembre del año próximo, debería ser de $223.440 para mantener el poder de compra de marzo de 2024. La pérdida real, en ese escenario, será del 68,7%.
La advertencia de la Justicia
El congelamiento no pasó desapercibido para los tribunales. En agosto del año pasado, la Sala III de la Cámara de la Seguridad Social, en la causa Varela Alberto c/ ANSeS, determinó que si el jubilado tuvo una pérdida superior al 15%, ese congelamiento sería "confiscatorio" y violatorio del artículo 14 de la Constitución Nacional. El fallo obligaba al Gobierno a reponer la pérdida a los 4,5 millones de jubilados y pensionados que cobran el bono y a otorgar el monto actualizado a los nuevos beneficiarios. El Ejecutivo apeló la decisión.
Mientras tanto, el bono sigue llegando cada mes con el mismo monto. Un refuerzo que nació como una compensación para los haberes más bajos y que, con el paso del tiempo y la inflación, se convirtió en una cifra cada vez más parecida a un símbolo de lo que se perdió.
